La prueba de ADN

Abstract

Podríamos decir sin riesgo a equivocarnos que, en España, el momento procesal penal en lo tocante a la prueba de ADN pasa por un momento de crisis. Y no en lo referente a su valor probatorio, pues éste está fuera de toda duda y así lo estableció el mismo Tribunal Supremo el 24 de febrero de 1995 al considerar que “la prueba de ADN no es técnicamente determinante, pero sí de alta probabilidad”. Ahora bien, esta validez jurídica no resuelve otros aspectos como podrían ser si la toma de la muestra indubitada del detenido, tal como establece la Ley Orgánica 10/2007, reguladora de la base de datos policial sobre identificadores a partir de ADN, respeta los derechos fundamentales de aquél, y más concretamente aquéllos que están referidos a la intimidad y privacidad de los datos personales por un lado, y a la esfera de la integridad corporal por el otro. No cabe duda por tanto que, reconociendo estos intereses en conflicto, convenga una armonización satisfactoria de tal manera que no se produzcan irregularidades que incidan en la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías y que bien resumen los artículos 10, 15 y 24.2 de nuestra Constitución. Así pues, el propósito del presente trabajo es poner sobre la mesa todos los hitos legales y jurisprudenciales que hacen referencia a esta prueba procesal, de modo que la modulación de los criterios no reste o amenace la viabilidad del ADN y su aplicación en los procesos penales. Todo ello sin obviar la regulación legal de la “cadena de custodia”, sus consecuencias procesales y los manuales de procedimiento de la Policía Científica que la avalan. Los cuales, adecuando su aplicación de manera precisa, son sinónimo de garantía y respeto a los derechos recogidos en los artículos preceptuados.