La actual (o vigente) Ley de Arrendamientos Urbanos 29/1994, de 24 de noviembre, en su art. 27.2 encaja una serie de comportamientos del arrendatario que conllevan la resolución del contrato. De entre esos comportamientos, son importantes desde el punto de vista de este trabajo, aquellos que implican una actuación positiva del arrendatario, como pueden ser la cesión o el subarriendo inconsentidos, los daños causados en la finca, las obras inconsentidas, la realización de actividades molestas, nocivas, peligrosas, insalubres o ilícitas y la alteración del destino de la vivienda. Por ello, cuando se den cualquiera o varios de estos supuestos el arrendador va a poder instar la acción resolutoria ante la autoridad judicial y producirse, en definitiva, la resolución del contrato.
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