La reforma del Código Penal de 2015 introdujo de forma definitiva en el Derecho español un sistema de responsabilidad penal para las personas jurídicas. Las personas jurídicas podrán ser responsables de los delitos cometidos por administradores de hecho o de derecho, representantes legales o trabajadores, en nombre o por cuenta de la persona jurídica y para el beneficio, directo o indirecto, de ésta; cuando no se hayan adoptado por parte de las personas jurídicas las medidas adecuadas de supervisión, vigilancia y control, el denominado "compliance". Este trabajo recoge los cambios legislativos, contiene un catálogo de delitos susceptibles de ser cometidos por las personas jurídicas, así como las penas que podrán imponerse, una breve referencia a la prevención mediante programas compliance, y, finalmente, las resoluciones del Tribunal Supremo sobre la materia.
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