La restricción de la legitimación activa y la intervención de las partes en los procesos de control de constitucionalidad se ha visto cuestionada en los últimos años como consecuencia del rechazo de la acción popular para iniciar estos mecanismos de control ante el Tribunal Constitucional. El presente trabajo reflexiona sobre esta cuestión partiendo de la legislación vigente en nuestro ordenamiento jurídico y analiza la posibilidad de introducir la figura del amicus curiae en España, permitiendo la intervención de un tercero ajeno al proceso en el ámbito constitucional.
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