Se han cumplido ya ocho años desde que la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio,
de modificación del Código Penal (CP, en adelante) estableciera en nuestro sistema
la responsabilidad penal directa de las personas jurídicas, abandonando así el
clásico principio societas delinquere non potest. Regulación que sin apenas rodaje
previo fue posteriormente modificada en profundidad por Ley Orgánica 1/2015,
de 30 de marzo, clarificando algunos aspectos poco definidos en la inicial reforma;
entre ellos la apuesta por un modelo de responsabilidad por el hecho propio
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