La protección de la salud pública en tiempos de pandemia ha justificado la adopción de medidas legislativas que han limitado nuestra libertad personal y su principal manifestación en el ámbito contractual, el principio de autonomía de la voluntad (material y conflictual). En su urgencia, nuestro legislador no ha considerado el requisito de proporcionalidad que deben cumplir las normas de intervención del Estado en las relaciones particulares e incluso ha desatendido el mandato de primacía del Derecho europeo, comprometiendo el alcance internacional de las normas especiales en materia de contratos adoptadas durante el estado de alarma.
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