La entrada en vigor de la Ley 3/2012 de 6 de julio, de "medidas urgentes para la reforma del mercado laboral", ha supuesto un cambio radical en la regulación de una de las formas de extinción del contrato de trabajo por voluntad unilateral del empresario, cual es la del despido colectivo basado en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Las modificaciones más importantes han afectado, por un lado a las exigencias de causalidad y por otro, al procedimiento, sustituyéndose la autorización administrativa obligatoria por un proceso de consultas y negociación previa con la representación de los trabajadores sin exigirse un acuerdo con los mismos. En este sentido cabe destacar la aprobación del R.D.Ley 1483/2012 de 29 de octubre que supone la entrada en vigor de todo un "reglamento de los procedimientos de despido colectivo". Pero la reforma va más allá de los aspectos meramente sustantivos de esta figura jurídica para adentrarse en aspectos de materia procesal, con la nueva atribución de competencias a la jurisdicción social en materia de impugnación de decisiones o resoluciones relacionadas con despidos colectivos.
Así pues, el objeto del TFG es estudiar en profundidad todos los cambios que afectan a esta modalidad de extinción de la relación laboral (tanto sustantivos como procesales, así como analizar las primeras interpretaciones judiciales de los despidos colectivos que se han ido produciendo a lo largo del primer año de vigencia de la reforma laboral.
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