El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por medio de su Sentencia Cali apartments, ha reconocido la posibilidad de que los Estados miembros regulen el mercado de viviendas de uso turístico para tratar de garantizar el derecho a la vivienda de sus ciudadanos. En este sentido, la lucha contra la escasez de viviendas podrá considerarse como una razón imperiosa de interés general para justificar la imposición de severos regímenes de autorización a la prestación de un servicio que, en principio, debería poder ejercerse libremente. Además, la Sentencia deja en manos de los entes locales un amplio margen para configurar estos regímenes restrictivos de la libre prestación de servicios, pues entiende son las autoridades públicas mejor posicionadas para evaluar y responder al impacto que este tipo de servicios pueden tener sobre la oferta de vivienda en alquiler de sus respectivos territorios.
El Tribunal Supremo se ha servido ya de esta doctrina para confirmar la legalidad de los estrictos requisitos impuestos a la implantación de viviendas de uso turístico en la ciudad de Bilbao, a través de la potestad local de planeamiento urbanístico, entendiendo que cuenta para ello con un claro respaldo y legitimación democrática
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