En los últimos tiempos se han producido numerosas llegadas a la Unión Europea en búsqueda de refugio, especialmente en el año 2015 cuando comienza una crisis humanitaria sin precedentes y las solicitudes de protección internacional en la UE superan más de un millón.
Ante la llegada masiva de solicitantes de protección a la UE, se apuesta por la creación de instrumentos normativos destinados al control y bloqueo de las fronteras. Como ejemplo de esta ineficaz protección de los derechos de los refugiados podemos mencionar la creación del Acuerdo de Turquía-UE de 2016, actualmente derogado, que debía de actuar como Estado-tapón impidiendo alcanzar territorio de la UE. A pesar de la normativa existente en materia de refugio y del reciente Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo de 23 de septiembre de 2020, determinadas tendencias sociales y políticas olvidan de forma reiterada la obligación internacional de garantizar los derechos de los refugiados. Por ello, es necesario un análisis en profundidad sobre la aplicación de políticas restrictivas que apuestan por un blindaje de fronteras centradas en el control y seguridad y que vulneran los principios de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.
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