La actividad de policía es una forma de actuación administrativa por la que se intenta conseguir el bien común limitando el ejercicio de determinados derechos que pueden menoscabar el interés general. Para ejercer estos derechos, es necesario que los ciudadanos obtengan la previa autorización administrativa, para que la Administración realice un control previo de esa actividad. En materia de vivienda, las limitaciones y autorizaciones se van a recoger en la Ley 9/2010 del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León. Así, los adquirentes de una vivienda de protección pública van a necesitar la autorización previa para el cambio de uso, disponer de la vivienda antes del plazo establecido y el visado del contrato.
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