El caso de “la manada”, además de suponer un antes y un después en la regulación de los delitos contra la libertad sexual, ha planteado problemas de distinción entre las figuras del prevalimiento y la intimidación. Evidencia de su importancia como piedra angular en la regulación de los delitos de naturaleza sexual ha sido la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, mediante la que se ha establecido una nueva realidad jurídica en este ámbito; realidad que, pese a su posterior reforma, ha sido mantenida, y que tiene dos ejes fundamentales: la onceptualización del consentimiento en las agresiones sexuales y la indiferenciación entre abuso sexual y agresión sexual. Esta ley, además, ha planteado problemas en relación con la irretroactividad de la ley penal.
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