En este artículo se examinan las consecuencias de aplicar el régimen general de responsabilidad penal de las personas jurídicas, previsto en el art. 31 bis CP, a los partidos políticos. Se analizan los delitos que se puede atribuir a un partido político, los criterios para su imputación y dos de las penas más severas previstas en el catálogo de sanciones: la disolución y la intervención judicial. Se complementa el estudio con una perspectiva preventiva de la delincuencia de los partidos políticos, a través de un estudio de los programas de cumplimiento normativo (con referencias concretas a las principales formaciones políticas estatales) y de los novedosos programas de estímulos –nudges– de las ciencias del comportamiento, aplicados a la toma de decisiones dentro del partido político.
