Este trabajo toma postura a favor de la adopción de una Convención Internacional que castigue los atentados más graves contra el medioambiente global, en línea con las propuestas de la sociedad civil y la comunidad científica. Analizamos las conductas que deberían prohibirse en esta convención: brevemente, el ecocidio y el expolio de recursos naturales, así como los delitos ecológicos transfronterizos. El centro de atención se refiere a la cuestión de la autoridad judicial que juzgaría esos crímenes; se examinan diversas posibilidades: la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia y la creación de un nuevo Tribunal Internacional del Medioambiente
