El presente trabajo tiene por objetivo analizar la posibilidad de aplicar las garantías procesales propias del proceso penal y reguladas por el legislador europeo a procedimientos administrativo-sancionadores. Tras un breve estudio de la conformación en la Unión Europea del estatuto procesal del investigado, se abordará la jurisprudencia del TEDH y del TJUE concerniente a la consideración del “proceso penal” como un concepto amplio en el que tienen cabida ciertos procedimientos administrativos. Con ello, se defenderá la necesidad de que en estos últimos, en cuanto que manifestación del ius puniendi de los poderes públicos, se respeten las garantías inherentes al derecho de defensa.
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