El tratamiento de los créditos de derecho público en el sistema de beneficio de exoneración
pasivo insatisfecho (BEPI), contenido en el artículo 178 bis LC, siempre fue objeto de
polémica. El Tribunal Supremo, en la célebre Sentencia de 2 de julio de 2019, vino a
considerar que debe incluirse el crédito público en el sistema de exoneración, tanto —en
terminología actual— en el modelo general como en el especial. El TRLC, en vigor desde el
1 de septiembre de 2020, se aparta del criterio del Tribunal Supremo y excluye los créditos
de derecho público del BEPI. El Auto del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona, en una línea
preocupante que empiezan a seguirse por otros Juzgados, declara inaplicable el TRLC
porque supone un exceso ultra vires en la delegación otorgada al gobierno p a r a l a
refundición. Se reabre con ello el debate de la exclusión o no de los créditos derecho
público del sistema de exoneración, debate que tendrá que ser resuelto próximamente en
el marco de la Directiva (UE) 2019/1023, de 20 de junio de 2019, a la que el Estado
español ha de adaptarse.
