Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Una perspectiva procesal

Abstract

La evolución legislativa en materia de criminalidad empresarial ha culminado con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, condicionada a la comisión de delitos por parte de directivos o subordinados, la existencia de un beneficio para la empresa y la presencia de un defecto organizativo. Este defecto implica una falta grave en los deberes de supervisión y control, vinculada a un déficit estructural en la entidad. Para exonerar o mitigar la responsabilidad, se requiere la implementación efectiva de programas de cumplimiento y acciones correctivas, así como la instauración de un modelo de prevención. La carga de la prueba se centra en determinar la existencia de fallos como el defecto organizativo o la eficacia de los modelos de prevención. El derecho a la prueba es fundamental, garantizando un proceso justo y equitativo, donde la acusación y la defensa deben respaldar sus argumentos con pruebas, destacando la importancia de los programas de cumplimiento. La prueba documental, pericial y testifical son esenciales, respaldadas por normativas como la Norma UNE 19601.