Problemas de aplicación en el entorno digital de las normas europeas de competencia judicial internacional en material civil y mercantil

Abstract

En este artículo se analiza la incidencia de las nuevas tecnologías en el ejercicio de un derecho fundamental de todos los ciudadanos de la Unión Europea, el acceso transnacional a la justicia en el marco del sistema europeo de competencia judicial internacional establecido por el Reglamento 1215/2012, de 12 de diciembre de 2012, relativo la competencia judicial internacional, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, “Bruselas I bis” (RBIbis). En particular, el trabajo se centra en el estudio de las disposiciones de este Instrumento por las que se determina el tribunal internacionalmente competente para conocer de los litigios que se plantean en dos de los principales ámbitos del Derecho privado afectados por los nuevos paradigmas de la era digital: los contratos de comercialización de productos o de prestación de servicios en línea, y los ilícitos civiles en Internet. En ambos casos, la articulación de foros de competencia de carácter territorial y la deslocalización de los operadores económicos incrementa las dificultades de determinación del tribunal internacionalmente competente, comprometiendo el derecho a la tutela judicial internacional, reconocido expresamente por el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y que el RBIbis trata de garantizar favoreciendo el acceso a un tribunal próximo al litigio y previsible para las partes. Sobre esta base, se propone llevar a cabo una adaptación de las normas vigentes al nuevo entorno digital, del que el RBIbis solamente se hace eco de forma expresa en su artículo 25.2, para determinar la validez formal de las cláusulas de elección de tribunal, o al que implícitamente se refiere en su artículo 17.1.c), cuando delimita el ámbito de aplicación material de los foros de competencia en materia de contratos de consumidores mediante el recurso al criterio de las “actividades dirigidas por cualquier medio al Estado miembro del domicilio del consumidor”.