La Directiva sobre representantes legales para recabar pruebas electrónicas en el proceso penal

Abstract

El pasado 13 de junio fue aprobada en primera lectura por el Parlamento Europeo la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen normas armonizadas para la designación de representantes legales a efectos de recabar pruebas para procesos penales1. El objeto de esta Directiva consiste en complementar el Reglamento sobre órdenes europeas de entrega y conservación de pruebas electrónicas en el proceso penal. El texto normativo establece una serie de obligaciones dirigidas a las entidades privadas que prestan servicios digitales2. Concretamente se determina el uso de medidas coercitivas, propias del derecho penal para hacer cumplir con la legislación europea en el ámbito de las nuevas tecnologías, con el añadido —que puede resultar conflictivo y discutible— de su aplicación extraterritorial, por cuanto extiende su competencia no solo a entidades con sede física en la Unión Europea, sino a aquellas situadas en Estados terceros.