Documento Fuente
Cristina Alonso Salgado, Ana Rodríguez Álvarez, Almudena Valiño Ces (Dirs.); Covadonga López Suárez, Mario Neupavert Alzola, Lorenzo Agostino (Coords.), Nuevas Tecnologías, inteligencia artificial, algoritmos y justicia. Madrid: Dykinson, 2025
Abstract
Después de un largo proceso legislativo que ha durado más de cinco años, el Parlamento Europeo aprobó el pasado trece de junio el Reglamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo y del Consejo de 12 de julio de 2023 “sobre las órdenes europeas de producción y las órdenes europeas de conservación a efectos de prueba electrónica en procesos penales y de ejecución de penas privativas de libertad a raíz de procesos penales”1.
Junto a este esperado texto legislativo, el mismo día trece se aprobó en primera lectura una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen normas armonizadas para la designación de representantes legales a efectos de recabar pruebas para procesos penales2, complemento necesario para la aplicación del Reglamento mencionado, precisamente por el hecho de que una de sus principales novedades consiste en la ampliación del ámbito de aplicación de este más allá de las fronteras de la Unión, concerniendo a terceros Estados y a entidades privadas con sede fuera de la Unión Europea.
