Juicios de desahucio por impago de rentas y medidas de protección del inquilino. Tratamiento de la situación de vulnerabilidad

Abstract

El presente trabajo analiza el tratamiento procesal de los procedimientos de desahucio por impago de rentas, centrándose especialmente en las medidas de suspensión previstas para proteger a los arrendatarios en situación de vulnerabilidad. Se examinan tanto la suspensión ordinaria regulada en el artículo 441.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, como la suspensión extraordinaria establecida por el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, que ha sido prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2025. A través del estudio de estas medidas, se pone de manifiesto que su carácter excepcional no permite una prolongación indefinida en el tiempo, debiendo el demandado acreditar nuevamente su situación de vulnerabilidad para acceder a prórrogas. El trabajo concluye que estas medidas, aunque necesarias y legítimas ante la precariedad del sistema de vivienda, no pueden suplir la falta de políticas estructurales de vivienda ni trasladar al proceso judicial una responsabilidad que debe recaer en las Administraciones. En este sentido, se propone como vía de mejora la articulación de mecanismos de mediación más eficaces entre arrendadores y arrendatarios, así como el impulso de políticas públicas adaptadas a la nueva realidad social.

This paper explores the legal regulation of eviction proceedings for non-payment of rent, focusing on the procedural suspensions granted to tenants in vulnerable situations. It examines both the ordinary suspension under Article 441.5 of the Spanish Civil Procedure Act and the extraordinary suspension introduced by Royal Decree-Law 11/2020, extended until 31 December 2025. These mechanisms, while protective in nature, are of an exceptional character and cannot be prolonged indefinitely. The paper stresses the requirement to prove continued vulnerability when requesting extensions. The conclusion emphasizes the need for long-term housing policies and underlines the insufficiency of relying solely on judicial mechanisms. Enhanced mediation channels and socially responsive housing policies are proposed as essential solutions to the current crisis in access to housing.