El artículo examina críticamente la STS 979/2024, de 10 de julio, que reconoce la competencia de los tribunales españoles para resolver no solo el divorcio entre progenitores de nacionalidad mixta, sino también las medidas de responsabilidad parental y los alimentos respecto de un menor cuya residencia habitual se halla en Bielorrusia. Aunque el Tribunal Supremo fundamenta su decisión en la prórroga del foro del divorcio del Reglamento Bruselas II bis y en el carácter accesorio de los alimentos según el Reglamento 4/2009, el comentario subraya las tensiones interpretativas que plantea esta solución, especialmente en un contexto extracomunitario.
