Condiciones laborales y derechos sociales de la población inmigrante en España: precariedad, explotación y desafíos en la era contemporánea (1990-2025)

Abstract

Este Trabajo de Fin de Grado analiza las condiciones laborales y los derechos sociales de la población inmigrante en España entre 1990 y 2025, con especial atención a la precariedad y la explotación en sectores clave (agricultura, construcción, servicio doméstico y cuidados). A través de una metodología mixta, revisión normativa y bibliográfica, análisis estadístico y entrevistas cualitativas a dos abogados laboralistas con veinte y cuatro años de experiencia, respectivamente, se constata una brecha persistente entre la protección legal y su aplicación real. Los hallazgos muestran (i) precariedad estructural independientemente del estatus administrativo; (ii) vacíos burocráticos y corrupción en trámites de extranjería; (iii) explotación intrainmigrante; (iv) discriminación de género y racismo institucional sutil; (v) una brecha tecnológica que propicia irregularidad sobrevenida; y (vi) el auge de dinámicas delictivas como vía de escape ante la falta de oportunidades. El trabajo concluye que las reformas de 2022-2025 (arraigo socioformativo, autorización temporal para familiares de españoles) ofrecen avances, pero su éxito dependerá de recursos inspectores, digitalización accesible y voluntad política. Se proponen líneas de acción en ámbitos legislativo, educativo y comunitario, y se reivindica la abogacía social como puente imprescindible entre norma y realidad.

This dissertation examines labour conditions and social rights of immigrants in Spain (1990-2025), focusing on structural precariousness and exploitation in agriculture, construction, domestic service and care work. A mixed-methods approach—statutory analysis, literature review, descriptive statistics and qualitative interviews with two labour lawyers, which reveals a persistent gap between legal protection and actual enforcement. Key findings include: (i) precarious work regardless of residence status; (ii) bureaucratic loopholes and corruption in migration procedures; (iii) exploitation by immigrant employers; (iv) gender-based and institutional discrimination; (v) a digital divide that triggers “administrative irregularity”; and (vi) petty crime as a dead-end survival strategy. Recent reforms (2022-2025) notably the socio-training residence permit and the temporary authorisation for Spanish nationals’ relatives are promising but hinge on inspection capacity, accessible e-government and political will. Policy recommendations span legislative, educational and community levels, underlining social-minded lawyering as an essential bridge between normative intent and lived reality.