En este trabajo se analizan las principales cuestiones, algunas más polémicas que otras, que plantea la agravante de precio del Código Penal español (art. 22.3.ª). Sin perjuicio de las referencias necesarias que realicemos a la circunstancia calificativa
del asesinato (art. 139.1 2.ª CP), se abordarán los distintos requisitos, tanto de carácter objetivo como de índole subjetiva, que deben concurrir para que pueda
operar la agravante. Trataremos también el fundamento y la naturaleza jurídica de la circunstancia, así como su compatibilidad con otras circunstancias modificativas. Se presta una especial atención a dos aspectos muy relevantes y seguramente los más problemáticos de la circunstancia: si el precio, recompensa o promesa deben ir referidos exclusivamente a un beneficio económico; y si la agravante es aplicable sólo
al ejecutor material del delito o también al oferente del precio. Adelantamos que aquí se defenderá la posición de la doctrina minoritaria sobre ambos puntos: la agravación no se limita únicamente a los casos de incentivos económicos o monetarios dados o prometidos, y esta circunstancia es aplicable tanto al autor material del hecho como a quien lo instiga a cometer el delito mediante precio, recompensa o promesa.
