Los programas de Rentas Mínimas de Inserción en España persiguen, desde su aparición hace más de
cuatro décadas, el objetivo de la inclusión social. En un contexto en el que aumenta el número de personas en situación de vulnerabilidad, pobreza o exclusión social, y en el que se han producido cambios sustanciales en los programas regionales de rentas mínimas tras la aparición del Ingreso Mínimo Vital, es ineludible preguntarse acerca de la capacidad inclusiva de estas prestaciones. Mediante la realización de entrevistas en profundidad a profesionales de los servicios sociales básicos y de los Equipos de Inclusión Social de Castilla y León, el presente estudio analiza en qué medida la Renta Garantizada de Ciudadanía de esta comunidad y el Ingreso Mínimo Vital nacional promueven la inclusión social de sus destinatarios, así como las principales potencialidades y limitaciones de las estrategias que implementan. La evidencia recabada desvela que las prestaciones de ingresos mínimos tienen una limitada capacidad inclusiva. De la renta regional se destaca la escasa personalización de los proyectos individualizados de inserción y su mínima adaptación a las características del entorno, mientras que la prestación estatal, cuya cuantía facilita una mayor protección económica, está viendo coartado su potencial inclusivo por la minimización del acompañamiento profesional en los procesos de inclusión social y por la ausencia generalizada de itinerarios.
