Las comunidades autónomas españolas han ido desarrollando en las últimas décadas diferentes programas regionales de garantía de rentas que se enmarcan en el contexto de las políticas públicas para combatir la pobreza y la exclusión social y que incluyen unas rentas mínimas de inserción. El desarrollo territorial de este último recurso ha resultado desigual, conformándose así sistemas regionales con diferente grado de generosidad, cobertura, características y alcance. En este trabajo se analizan empíricamente esas diferencias a partir de la aplicación de la técnica de análisis de conglomerados. Los resultados confirman, junto a la relevancia del recurso, la necesidad de reorientar el sistema en aras de la consecución de un modelo territorial equilibrado y garante de la igualdad de derechos y oportunidades
de todas las personas.
