En un contexto social de creciente autonomía y normalización de las personas
con discapacidad, datos e informes recientes advierten de la persistencia de
prácticas diferenciadoras y discriminatorias en el sector asegurador y denuncian
el trato discriminatorio de los seguros hacia las personas con discapacidad y la
falta de cumplimiento de las exigencias impuestas por la normativa en la materia,
especialmente por la DA 4ª de la Ley del contrato de seguro, disposición en vigor
ya desde 2011. La actualidad y relevancia de las políticas anti-discriminación en
el Derecho, cuyo último hito es la Ley 15/2022, de 12 de julio, que convierte al
derecho a la igualdad de trato y la no discriminación en un principio informador del
ordenamiento jurídico, nos da la oportunidad de profundizar en la interpretación
y aplicación de estas normas en el sector asegurador con el objetivo de identificar
en la práctica cuándo hay discriminación por razón de discapacidad en el contrato
de seguro, cuáles son las conductas típicas de tal actuar y, finalmente, delimitar
las consecuencias jurídicas de dicha discriminación.
