El Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia
concursal, convalidado por Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia
concursal, supuso la introducción de un régimen específico para la enajenación de la
unidad productiva dentro del procedimiento concursal. No obstante, como sucede en el
ordenamiento jurídico mercantil, la Ley Concursal no procedió a regular la posibilidad de
imponer al concursado transmitente la prohibición de hacer competencia con el propósito
de evitar que inicie una actividad empresarial idónea para ocasionar un perjuicio al
adquirente al detraer la clientela y las legítimas expectativas de negocio, que como
situaciones de hecho pueden ser objeto de cesión. Ante esta laguna legal se ha de analizar
la posibilidad de imponer al deudor una obligación de esta naturaleza con la finalidad de
proteger al adquirente.
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