La Ley 20.720 incorporó al ordenamiento jurídico nacional la institución de las personas relacionadas con el deudor. El legislador ha establecido un régimen específico que resulta de aplicación únicamente a aquellas personas que ostentan la mencionada condición dentro del procedimiento. Los efectos que resultan de la imposición de este régimen son la prohibición de voto, con especiales efectos dentro del procedimiento de reorganización, y la subordinación de sus créditos. La modificación operada por la Ley 21.563 en el ámbito de los saldos insolutos ha introducido importantes novedades. Así, determinadas deudas no quedarán extinguidas al término del procedimiento concursal. Por tanto, resulta necesario establecer una relación entre el régimen de las personas relacionadas con el deudor y el régimen de los saldos insolutos.
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