El capítulo aborda dos aspectos problemáticos
de la representación política y de la legitimidad que le sirve de base en una
democracia deliberativa, esbozando una posible solución. El primero de
ellos, desde una dimensión normativa, apunta al tipo de argumentos que
los representantes deberían sostener en nombre de los representados; el
segundo, desde una dimensión empírica, a la necesidad de revisar los diseños
institucionales como garantía de respeto a los intereses de todos los
posibles afectados por las normas. En el análisis de ambos problemas, la
atención a las preferencias más que a los intereses de los representados y
el reconocimiento de una razonable independencia de juicio por parte de
los representantes se muestran como el camino más seguro para la construcción
de una nueva legitimidad democrática
