Desde la década de los 70, los organismos internacionales vienen realizando esfuerzos a favor de la igualdad de género, como queda de manifiesto con la puesta en vigor de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) de NNUU (1981) y en el incremento de políticas de igualdad a partir de la aprobación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de NNUU (1995).
En materia educativa, estas políticas también han sido foco de atención, ya que actualmente en todo el mundo: “las leyes de educación general o inclusiva bajo la responsabilidad de los ministerios de educación se focalizan en las personas con discapacidad en el 79% de los países, las minorías lingüísticas en el 60%, la igualdad de género en el 50% y los grupos étnicos e indígenas en el 49%” (UNESCO, 2020 :30). No puede obviarse, por tanto, el aumento de los compromisos de los países en materia de igualdad de género en educación, así como el compromiso de los Estados en el cumplimento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 “Educación de Calidad” y 5 “Igualdad de Género”.
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