2026-04-14T17:13:34Zhttps://uvadoc.uva.es/oai/requestoai:uvadoc.uva.es:10324/738872025-04-10T09:21:07Zcom_10324_1131com_10324_931com_10324_894col_10324_1201
Juan Mazuelas, Ana Isabel de
Sánchez Benito, Carmen
Martínez León, Camino
Martínez León, María Mercedes
2025-01-15T18:53:21Z
2025-01-15T18:53:21Z
2018
Rev Esp Med Legal 2018;.44(3): 115-120.
https://uvadoc.uva.es/handle/10324/73887
10.1016/j.reml.2018.01.003
La atribución de la condición de autoridad a efectos penales a los profesionales de la sanidad pública es un error que viene repitiéndose desde antes de la reforma del ordenamiento penal español del año 2015 (LO 1/2015, de 30 de marzo).
Este trabajo recoge esta problemática y, en particular, cómo se repite en la actualidad en resoluciones judiciales, literatura científica, manifestaciones de colegios profesionales y medios de comunicación, generando una situación confusa, sobre todo por la diferencia en las consecuencias punitivas que esta apreciación supone.
Incluso se reclama la posibilidad de que la consideración de autoridad se extienda al ámbito privado. Esto resulta inviable, puesto que ni es aplicable a la sanidad pública ni los profesionales de la sanidad privada detentan tan siquiera la condición de funcionario público.
spa
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
Los profesionales de la sanidad no son autoridad a efectos penales.
info:eu-repo/semantics/article