El 24 de abril del 2012 entraba en vigor el Real Decreto–Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, el cuál supuso un cambio sustancial respecto a legislaciones anteriores. Una de las modificaciones más controvertidas fue la exigencia de residencia a los inmigrantes para poder acceder al Sistema Nacional de Salud, excluyéndolos del mismo excepto en situaciones de urgencia, asistencia al embarazo o menores de dieciocho años. Esta medida trae consigo una serie de consecuencias negativas para un colectivo vulnerable, como es el de los inmigrantes, a los que se les limita el acceso a un derecho reconocido como universal por diferentes tratados y declaraciones internacionales ratificadas por España.
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