La Resolución 1003 del Consejo de Europa sobre Ética del Periodismo, aprobada el 1 de julio de 1993 y considerada el documento más importante en materia deontológica periodística, establece en su cuarto principio que “la emisión de informaciones debe realizarse con veracidad, a través de las actividades verificadoras y comprobadoras oportunas” (Nuñez Encabo, 1995:264). La Constitución Española, en su artículo 20.1.d, reconoce de igual forma el derecho de todos españoles a comunicar y recibir información veraz por cualquier medio de difusión (Constitución Española, 1978).
Las falsificaciones audiovisuales, por tanto, violan uno de los principales enunciados de la ética periodística, así como uno de los derechos y libertades más anhelados en España tras los años de censura dictatorial, al difundir informaciones que no se ajustan a la realidad, en muchos casos, con una pretensión de engaño intencionado.
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