Discrecionalidad administrativa y control judicial

Abstract

El ámbito de decisión conferido por las normas a la Administración para la valoración del interés público puede entenderse como un fenómeno propio de las consecuencias jurídicas de las normas, de éstas y de los supuestos de hecho o exclusivamente de estos últimos; la aceptación de una u otra tesis supone la extensión o no de la discrecionalidad al margen de apreciación de los conceptos jurídicos indeterminados. Por otra parte, los artículos 24.103.1 y 106.1 de la Constitución fundamentan el control de la actuación administrativa por los jueces y tribunales que, en el caso de la discrecionalidad, se lleva a cabo mediante el control de los elementos reglados, de los hechos determinantes y de los principios generales del Derecho. No obstante, la sustitución de la decisión impugnada por una decisión judicial puede comprometer el principio de separación de poderes mientras que su mera anulación puede desatender el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.