La globalización en el siglo XXI está reconfigurando el Estado del Bienestar y con ello, modificando los derechos sociales. También en la forma de trabajar, se vuelve al workfare, (Estado laboral en el que todos debemos producir masivamente sí o sí), por ello se está configurado un sistema asistencial que, a cambio de producir, se cobra de la administración pública correspondiente la garantía de ingresos mínimos; es lo que se conoce por asistencialismo meritocrático. Esta configuración de prestaciones en la que se mide las capacidades de la persona según su productividad-, en la que no se tiene en cuenta a la persona en sí ni a su entorno más cercano, es discriminatoria y estigmatizadora, y cada vez protege menos a las personas que sufren exclusión social. Por ello desde el Trabajo Social se defiende a los usuarios que sufren exclusión social para que el sistema no los deje a merced de la caridad y tengan su derecho de cobro de una prestación social básica sin necesidad de perder su libertad y sus capacidades de decisión, haciendo una apuesta segura desde los servicios sociales por la inserción social de las personas.
