Patrimonio cultural y políticas urbanas. El significado de la experiencia comparada: los casos de Montevideo y Burgos

Abstract

En el conjunto de las estrategias de desarrollo económico, creación de imagen y proyección a gran escala de las ciudades, las relacionadas con la actividad cultural tienden a ocupar una posición de primer orden (Zukin, 1995; Amin & Thrift, 2007: 145; Lladó, 2010). Más allá de los balances, positivos, críticos e incluso antitéticos que de sus resultados pueda hacerse, es obvio que de manera generalizada, la cultura –entendida desde la pluralidad de los elementos que la integran como núcleo vertebrador de las políticas culturales asociadas a ella– se ha convertido en un potente factor de acreditación sustancial del espacio urbano, complementario y con frecuencia sustitutivo potencial de otras opciones de resultados más inciertos o aparentes y destinado a cumplir objetivos de desarrollo que, comúnmente y a tenor de las constataciones observadas, pueden mostrarse, con otros enfoques sectoriales, fallidas o insuficientemente satisfechas. De ahí que si las expectativas que de antemano suscita el hecho de poseer un patrimonio cultural digno de ser avalorado se presentan comúnmente de forma alentadora, no de otra forma podría explicarse ese intento a favor de una consideración integral de los aspectos culturales como uno de los cauces esenciales de las políticas públicas abordadas desde las corporaciones locales. De ello da ejemplo, como testimonio ilustrativo, la Agenda 21 de la Cultura («un compromiso de las ciudades y los gobiernos locales para el desarrollo cultural»), promovida en el IV Foro de las Autoridades Locales para la inclusión social (Barcelona, 2004), en la que se preconiza un enfoque estructurado de todos aquellos aspectos que vertebran y dan sentido operativo y coherencia a una política cultural impulsada desde el ámbito local y respaldada por el acervo competencial y jurídico que le compete. En este sentido no está de más recordar que es a través de las Leyes relacionadas con el régimen local como comienza a manifestarse de forma temprana la normativa interesada en regular la gestión del patrimonio urbano (Barrero, 1990:243). Entre otras consideraciones relevantes, cabría destacar su especial hincapié en la transversalidad de los instrumentos de acción política, en la cooperación entre instituciones, en el apoyo de la iniciativa privada y en la sensibilización de la ciudadanía, todo ello a favor de la construcción de una identidad local apoyada en la memoria compartida, en la innovación y en un enfoque estratégico de un desarrollo en el que estos principios ostentan una importancia decisiva (FEMP, 2009).