La Ley 15/2015 de Jurisdicción Voluntaria se presenta como una norma que vincula la autonomía privada de los solicitantes con la participación de los órganos y tribunales para poder dar publicidad y eficacia a los derechos y trámites legales que se ejercitan a través de estos expedientes. En ellos se trata de conseguir adaptar nuestro ordenamiento jurídico a la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de 13 de diciembre de 2006, para lograr una mayor participación de la persona con capacidad modificada judicialmente en el proceso en defensa de sus intereses patrimoniales y personales.
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