En 2012 se adoptaron en España un paquete de medidas contra el fraude fiscal donde se incluyó la obligación de informar sobre los bienes y derechos en el extranjero, mediante el modelo 720. Aun siendo una obligación amparada por el derecho a la persecución del fraude, su articulación se ha efectuado de manera tan deficiente y desproporcionada que restringe injustificadamente las libertades básicas de circulación en la Unión Europea. Por ello la Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción contra España, por la posible vulneración del Derecho de la Unión Europea. En este trabajo, analizamos los puntos conflictivos de esta medida
In 2012, a package of measures against tax evasion was adopted in Spain, including the obligation to inform on goods and rights abroad, using form 720. Even being an obligation covered by the right to fight against fraud, it articulation has been done in such a deficient and disproportionate way that it unjustifiably restricts the fundamental freedoms of circulation in the European Union. That is why the European Commission has initiated an infringement procedure against Spain for possible breach of European Union law. In this paper, we analyze the conflicting points of this measure comparing them with other cases analyzed already by the European Court of Justice
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