La revisión de oficio es una potestad que permite a la Administración eliminar sus propios actos administrativos, cuando éstos se encuentren viciados de nulidad radical, sin necesidad de recurso alguno. Se trata de una potestad excepcional, que coloca en una posición claramente privilegiada a la Administración frente a los administrados, que da lugar al tradicional conflicto entre el principio de legalidad y el principio de seguridad jurídica. Dada su excepcionalidad, el legislador ha establecido una serie de límites que la Administración ha de respetar en su ejercicio, para no vulnerar el principio de seguridad jurídica. De este modo, no cabrá ejercer la revisión de oficio cuando así lo determinen el tiempo transcurrido, la equidad, la buena fe, el derecho de los particulares o las leyes.
