En los últimos años la protección del medio ambiente se ha convertido en
una parte fundamental de la política de los Estados. A través de la fiscalidad
medioambiental se busca no solo gravar ciertas actividades con un impacto
negativo en el medio ambiente, sino también orientar a los consumidores a
realizar actividades menos contaminantes. Todo ello sin olvidar la capacidad de
recaudación inherente a todo tributo, que ha de vincularse a la conducta
contaminante. A pesar de su importancia y de las recomendaciones de
organismos internacionales, España sigue a la cola de los países europeos en
cuanto a tributación medioambiental, con un problema latente en el reparto de
competencias y en la justificación y estructura de estos tributos.
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