En el siguiente trabajo estudiaremos y analizaremos la nueva Ley 41/2015, de 5 de octubre, que tiene por objetivo el fortalecimiento de las garantías procesales y la agilización de la justicia penal, y modifica así la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concretamente nos interesa la nueva redacción del artículo 324, donde se introducen los plazos máximos para la fase de instrucción en los procedimientos penales.
De esta manera, nuestro trabajo pivotará sobre los nuevos plazos, su clasificación, requisitos, límites y características que van a revestir estos, con las nuevas consecuencias que pueden tener para el proceso y las partes.
Acompañaremos el estudio con una crítica y un examen del impacto que estos nuevos plazos están generando en la tramitación de las causas penales.
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