La extradición se ha convertido en una figura de cooperación jurídica interestatal crucial para la lucha contra el crimen, en contextos en que el responsable se encuentra fuera del territorio competente para su enjuiciamiento o para la ejecución de la condena impuesta. Su regulación se compone tanto de una dimensión nacional o interna, como de un plano convencional en el que proliferan los Convenios bilaterales y multilaterales. Inspirada por máximas tales como el principio de reciprocidad, son determinantes en su configuración las garantías al reclamado y el respeto a los derechos y libertades fundamentales del mismo, siempre en aras de un fin de justicia penal universal. El proceso extradicional español tiene un carácter mixto, entrelazándose la intervención de Jueces y Tribunales con la del Gobierno, y teniendo este último un cometido determinante a la hora de decidir sobre la procedencia de la extradición.
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