El menor y las personas con la capacidad judicialmente modificada, como sujetos que tienen la capacidad de obrar limitada, necesitan bien de sus padres o de sus tutores legales para poder llevar a cabo determinados actos, tanto en el plano personal como en el ámbito patrimonial, y ello con la seguridad de que van a ser llevados a cabo teniendo en cuenta el interés y beneficio de estos. No obstante, la legislación “desconfía” y establece una serie de cautelas, entre las que destaca la exigencia de autorización judicial previa a la realización de actos de disposición que recaigan sobre bienes pertenecientes a menores de edad e incapaces, cuyo fin es evitar la realización de negocios jurídicos que puedan resultar gravosos o desventajosos para estos. Cabe destacar además que no existe ningún precepto que regule expresamente cuál es la consecuencia jurídica cuando no se cumple dicho requisito de la autorización judicial previa, surgiendo un largo debate si será aplicable el régimen de la nulidad o de la anulabilidad de los negocios llevados a cabo.
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