La aplicación privada del Derecho de la competencia ha estado relegada a un segundo plano a nivel europeo hasta la aprobación de la Directiva 2014/104/UE, ya que, anteriormente, el derecho antitrust se centraba únicamente en su aplicación pública. En España no fue hasta el Real Decreto Ley 9/2017, de 27 de mayo, cuando se hizo efectiva la transposición de la citada Directiva europea.
Esta Directiva ha supuesto una revolución para la aplicación privada del Derecho de la competencia, que permite a las víctimas afectadas por prácticas anticompetitivas (como los cárteles) reclamar mediante acciones civiles una indemnización por los daños sufridos.
El objeto de este trabajo es un análisis de las cuestiones más importantes que ha supuesto la Directiva para nuestro ordenamiento jurídico y un posterior estudio mediante algunos casos de los cárteles más importantes y actuales.
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