La protección de la persona con facultades mentales o intelectuales, físicas o psíquicas disminuidas se realiza a través de la oportuna provisión de apoyos que acompañen la toma de decisiones de la persona para dirigir su vida, administrar su patrimonio y celebrar actos jurídicos en general. La protección de las personas con facultades mentales o intelectuales, físicas o psíquicas disminuidas puede articularse a través de medidas judiciales o extrajudiciales. Para la constitución de los apoyos se atenderá, en primer lugar, a lo manifestado por la persona en el ejercicio de su autonomía personal y, subsidiariamente, a la sentencia judicial que la ordene.
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