El objeto de la investigación acometida no es otro que ver cómo el principio de responsabilidad patrimonial universal consagrado en el art. 1911 CC se materializa a través del proceso de ejecución dineraria mediante la necesaria investigación del patrimonio del ejecutado, como vía previa imprescindible para conocer sobre qué concretos bienes proyectar el procedimiento de apremio, así como qué derechos fundamentales puede comprometer esa actividad, para finalmente estudiar por quién se obtiene la información, en qué registros consta y de qué forma se accede a ella.
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