El procedimiento de investidura del Presidente del Gobierno se encuentra regulado
en el artículo 99 de la Constitución española. Este precepto se caracteriza por exigir un
pronunciamiento expreso del Congreso de los Diputados por el que manifieste que otorga
su confianza al candidato propuesto por el Rey como Presidente del Gobierno. Así pues,
este procedimiento resulta sencillo de aplicar cuando los resultados electorales permiten
alcanzar, aunque sea, la mayoría simple en la Cámara baja. Pero la dificultad de encontrar
un candidato que sea capaz de conseguir los apoyos parlamentarios suficientes para ser
investido como consecuencia de la fragmentación política y, sobre todo, la imposibilidad de
encontrar un candidato dispuesto a someterse al procedimiento de investidura –lo que ha
provocado un bloqueo constitucional-, ha sumido a nuestro sistema parlamentario en una
crisis de la que parece aún no se ha recuperado.
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