El discurso del odio como límite a la libertad de expresión

Abstract

En los últimos años hemos asistido con creciente preocupación por parte del conjunto de la sociedad a una proliferación de mensajes de contenido discriminatorio e intolerante. Una variante de este tipo de mensajes es el discurso del odio que, debido a su carácter potencialmente lesivo de determinados valores constitucionalmente protegidos, ha generado un intenso debate sobre si ha de configurarse o no como un límite a la libertad de expresión. Este debate supone un verdadero reto tanto legislativo como judicial, pues plantea la limitación del ejercicio de un derecho fundamental que, debido a su contribución a la formación de la opinión pública, se ha constituido como un pilar básico del sistema democrático. De ahí que la limitación del derecho a la libertad de expresión haya de presentarse siempre como una respuesta excepcional. Sin embargo, no existe un acuerdo unánime ni en la doctrina ni en la jurisprudencia sobre cuáles son concretamente los contornos de esta categoría, habiendo adoptado cada órgano jurisdiccional, como el Tribunal Supremo norteamericano o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, distintas soluciones.

In recent years we have witnessed a rising worry in our society about the diffusion of some discriminatory and intolerant messages. In between these messages it is the hate speech which, owing to its potentially detrimental effect on certain constitutionally protected values, has generated an intense debate about whether it should be established as a limit to free speech. This debate supposes a legislative and judicial dare, because it means the limitation of a fundamental right which, as a consequence of its contribution to public opinion, has proved to be a fundamental pillar of the entire democratic system. Thus the limitation of the right to free speech must always be presented as an exceptional response. However, there is not an unanimous accord in the jurisprudence about which are the concrete standards of limitation, as different judicial authorities, such as the United States Supreme Court or the European Court of Human Rights, have adopted different solutions.