En el TFM se afronta el asesoramiento que se ofrecería, como abogado, a un cliente por estar siendo investigado por un presunto delito de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en el ejercicio de sus funciones dentro de la Consejería de Promoción de
Edificios de la Junta de Castilla y León. El cliente ocupó diversos cargos públicos relacionados con una presunta trama de delitos contra la administración pública. Se le acusa de haber influido en la elección del inmueble por presuntas vinculaciones con los empresarios titulares del edificio; así como de
saltarse el procedimiento administrativo necesario para la adjudicación del contrato y de ocasionar un importante perjuicio económico a las arcas públicas por el elevado precio de compra, puesto que el precio abonado por el edificio es muy superior al de algunas tasaciones
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