El derecho a la propiedad privada, recogido en el artículo 33 de la Constitución española, y el derecho tributario están muy relacionados, siendo esta relación evidente desde la perspectiva del principio de no confiscatoriedad. El presente trabajo pretende analizar las dificultades técnicas de fijar un criterio de valoración de la confiscatoriedad. Ello, con especial mención a la situación generada en relación con el IIVTNU, tras la STC 59/2017 que ha declarado inconstitucionales diversos preceptos del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, habiéndose generado al respecto una
gran inseguridad jurídica ante la falta de reacción del legislador.
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